El alcalde sabe que los recursos judiciales del Ayuntamiento se interponen en aplicación de un procedimiento reglado que o bien es automático o bien cuenta con la aprobación de los órganos políticos correspondientes. En el caso del recurso de queja sobre Emalsa, que ha llevado a Saavedra a desautorizar a los servicios jurídicos de la Corporación, debió ser autorizado al menos por el concejal responsable de la cuestión. En caso contrario, es decir, si el funcionario-trabajador no hubiera actuado como lo hizo, esto es, interponiendo recurso en tiempo y forma, podría incurrir en desobediencia al mandato efectuado, con las consiguientes responsabilidades disciplinarias. El vilipendiado letrado consistorial asegura haber telefoneado el sábado, día 28, a un superior político para poner en su conocimiento el contenido del recurso de queja, que fue enviado por correo electrónico a ese superior. El lunes trató de volver a establecer contacto telefónico, lo que resultó imposible, y como el martes vencía el plazo, el letrado firmó el recurso y lo envió al procurador para que lo presentara.