Quedamos a la espera el informe que emitan estas dos fiscales esta misma semana para comprobar si, siendo ciertos la mayoría de los aspectos que resaltan los denunciantes, el Ministerio Público instará al Gobierno de Canarias a cerrar de inmediato esa residencia y a ubicar a los ancianos allí atendidos (por llamarlo de algún modo) en otros centros que sí reunan las condiciones que el propio Gobierno debió exigir antes de que pasara todo esto. Porque debemos entender que si la Trinidad está funcionando tranquilamente y cobrando a sus clientes la nada despreciable cantidad de 1.050 euros al mes, alguien habrá recibido una solicitud de licencia, alguien habrá gestionado ese expediente, alguien habrá inspeccionado en una o varias ocasiones la residencia y, finalmente, alguien habrá escrito alguna vez en un informe que aquello hay que cerrarlo. ¿Lo habrá hecho alguna vez la Fiscalía? Porque nos consta que ese órgano inspecciona de oficio centros de esta naturaleza, del mismo modo que nos consta que le cuesta mucho trabajo importunar al Gobierno de Canarias.