La convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias a propuesta del PSOE pretendía que se aprobara la comparecencia en ese mismo órgano del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, para que, de una vez, ofrezca explicaciones acerca de su llamada telefónica al alcalde de Arona para enchufar a una de sus sobrinas en la policía local de ese municipio. Pero aquello derivó en otra cosa bien distinta. Se veía venir desde el momento previo a esa sesión, cuando en la Junta de Portavoces los representantes del PP (Manuel Fernández) y de CC (Marisa Zamora) reclamaron de Antonio Castro, presidente de la Cámara, que se redujera a cinco minutos la intervención de cada uno de los portavoces. Castro se negó a esa vulneración del reglamento, pretendida por los grupos que apoyan al Gobierno para impedir que el PSOE, en su condición de primera fuerza parlamentaria, cerrara el debate sobre el caso sobrina con diez minutos a cargo, nada menos, que de Santiago Pérez. El fuego lo rompió Australia Navarro (PP) calificando la propuesta socialista de “operación Circo”. Y nos crecen los enanos, efectivamente.