Pronto conoceremos un dato que puede resultar revelador: el tiempo que han empleado el juzgado y el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil (Pafite) en investigar unos hechos tan graves como la tenencia de “obras de audio que se emiten sin autorización de sus titulares legítimos”, que viene a ser el delito que se imputa a los responsables de las tres emisoras intervenidas judicialmente. Según el auto que se ha entregado a las entidades afectadas por esta desproporcionada actuación judicial y policial, en ellas “se ha utilizado gran cantidad de duplicados de fonogramas ilegales pirateados, videogramas (sic) y otros soportes audiovisuales”, obteniendo además un “beneficio económico” por la emisión de cuñas publicitarias. En base a ese delito, la juez justifica en su auto la entrada y registro en “el domicilio desde el que la entidad emite la emisión por hondas”, todo ello literalmente extraído de esta pieza judicial única, de lujo. La magistrada María los Ángeles Zabala fundamenta también en base a ese delito la intervención de todos los ordenadores, desde los PC a los dedicados a la emisión de la programación, así como el precintado de cualquier instrumento que pudiera permitir esas emisiones. Ninguna de las tres ha podido reanudar sus programación, con el consiguiente daño a sus economías y a la pluralidad informativa de la ciudad de Telde, que se queda con la única voz del sector denunciante. Una actuación de traca, sí señor.