Hay gestos personales que son incompatibles con la carrera política de los que los protagonizan. El que acaba de hacer el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, acudiendo a la boda de la hija del dueño de Bodegas Stratvs, clausuradas el viernes por la Guardia Civil por graves irregularidades urbanísticas, es una metedura de pata de considerables dimensiones. Varios técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) están imputados en la causa penal que se sigue en un juzgado de Arrecife por presuntamente no observar las prevenciones necesarias para que aquellas bodegas no perseveraran como lo han hecho estos últimos quince años en la ilegalidad urbanística. Lo ha dicho la juez en su monumental auto por el que decretó el precinto de esas instalaciones en La Geria (Yaiza). Se puede ser amigo de un infractor o de un presunto delincuente. Nadie le va a negar a Berriel ese derecho. Pero cuando más efervescencia hay alrededor de este feo asunto, mejor haría el consejero canario en marcar las distancias y hacer bueno aquel adagio que obliga no sólo a ser honrado, sino a parecerlo. Demasiadas autoridades han venido avalando políticamente con su presencia en inauguraciones y otros saraos a estas bodegas, ejemplares en su actividad si no fuera por que todo proviene del árbol envenenado de una ilegalidad urbanística irreconducible. Pero llegado el momento en que todo presagia un final dramático a tantos años de impunidad, mejor harían todos en alejarse prudentemente. Berriel ha cometido el mismo pecado político que cometió Soria acudiendo a veranear a un hotel ilegal dos años consecutivos. Y eso en un país serio (y este desde luego no lo es) acostumbra a pagarse con una dimisión irrevocable.