Mientras se aclara el alcance del quebranto de las operaciones inversoras de La Caja y Antonio Marrero encuentra alguien a quien echarle el muerto de las filtraciones, la vida continúa en la entidad. Este miércoles se reunieron dirección y trabajadores afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a estos últimos en derechos adquiridos, como el espinoso asunto de los planes de pensiones. La entidad les ha propuesto consolidar sus derechos reconocidos en el subplan 3 hasta noviembre de 2002, ya que el Banco de España obligó a provisionar unos 16 millones de euros de lo ya devengado y podría disponerse de ese dinero, en teoría. A cambio, claro, les pide que renuncien al resto hasta el día de su jubilación, proponiéndoles poner el dinero en un fondo de pensiones externo o cogerlo directamente cash. Esta última fórmula tiene bicho, porque mamá Hacienda les caería con el correspondiente 40% de lo que cobren. Así que cada cual saque sus cuentas y los sindicatos se arrayen un millo porque esta misma oferta nunca les fue trasladada por la dirección en sus duras negociaciones de antaño.