De todas las recomendaciones realizadas por los técnicos de Economía y Hacienda, sólo una parece haber sido escuchada por el Gobierno de Canarias. Tras publicarse en CANARIAS AHORA, el PSOE preguntó en el Parlamento por las retribuciones de la consejera delegada de Gestión del Medio Rural de Canarias, Águeda Fumero, dependiente de la Consejería de Agricultura, en manos del PP, lo que llevó al Gobierno a reconocer que la señora venía cobrando desde su nombramiento como una profesional liberal que asesoraba a la empresa pública, a la que giraba cada mes la factura correspondiente. Una ilegalidad tan flagrante que, según reconoció la consejera de Agricultura, Pilar Merino, se venía produciendo en Gestión del Medio Rural ¡desde 2003! Lejos de pedir disculpas por el dislate, la consejera acusó al PSOE de haber estado despistado durante siete años. La Intervención General ha obligado a Merino a cambiar esa relación contractual.