El caos empieza a apoderarse de la Administración de Justicia en Canarias gracias, una vez más, a la visión de nuestros mandatarios para gastarse millones de euros en aplicaciones informáticas revolucionarias. Ya lo hizo Soria en Hacienda sustituyendo el veterano Piccap por el Sefcan, que va por 17 millones y sigue haciendo aguas. En Justicia, Ruano y Déniz sigue inyectando pasta para tratar de levantar una aplicación que no ha hecho otra cosa que ralentizar y paralizar los juzgados de manera frustrante para los operadores jurídicos y desesperante para los justiciables, cada día más contentos con la celeridad de la Justicia. En su afán por detener el clamor, la Dirección General de Relaciones con la Justicia se deshizo en correos electrónicos la aciaga semana pasada. Entre el miércoles 6 y el viernes 8 ese departamento envió cuatro comunicaciones distintas, cada cual más inquietante por lo errático de las explicaciones cuando no existen explicaciones.