Les recomendamos que lean con atención el artículo que tenemos publicado de Carlos Espino, secretario general del PSOE de Lanzarote y artífice de las más llamativas denuncias contra la corrupción urbanística en esa isla. Arrancando de la intención de los propietarios de los hoteles ilegales de reclamar de las instituciones públicas canarias (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento de Yaiza) indemnizaciones por las pérdidas que esas ilegalidades pudieran acarrearles, el líder socialista conejero lanza un nada disimulado aviso a navegantes. O mejor dos: el primero, déjense de boberías, que la reclamación es imposible porque no estamos ante errores administrativos que hayan derivado en perjuicios para los promotores, sino de ilegalidades cometidas a sabiendas. Y el segundo tiene más enjundia: para solicitar una licencia urbanística hace falta un proyecto, y en el caso de los grandes hoteles carne de piqueta en Lanzarote, se trató de proyectos de mucha envergadura, realizados por afamados arquitectos que antes de hacer la primera raya en un papel se estudian en profundidad el planeamiento y las ordenanzas de la zona en cuestión. Por lo tanto, ni cabe hablar de licencias otorgadas erróneamente ni cabe hablar de ausencia de malicia en quienes encargaron los proyectos, quienes elaboraron los proyectos, quienes financiaron los proyectos, quienes dieron autorización para que se ejecutaran los proyectos... Y los delitos administrativos, como su propio nombre indica, son penales, es decir, acarrean penas, incluso de cárcel. Ya hay procedimientos abiertos contra las autoridades municipales, y acaba de empezar la fase de ampliación.