ANÁLISIS

Decreto Clavijo: disolver la autonomía

El Decreto Canarias, la Agenda Canaria o cualquier otra denominación que pueda derivarse a partir de ahora en torno a lo que Canarias quiso del Gobierno para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y ahora pretende por la llegada del año preelectoral, no es más que la repetición de un recurrente adagio de Coalición Canaria (CC): vamos proa al marisco porque el Estado nos tiene abandonados, no porque seamos unos auténticos zoquetes gobernando Canarias. 

Falta solo año y medio para las elecciones autonómicas y las encuestas tienen muy asustados a los dirigentes de CC. El desgaste nacional del PSOE no se reproduce de igual manera en Canarias, donde sí se acentúa sin embargo el descenso que sufre el PP de manos de Vox, con la agravante de que aquí los de Abascal también restan votos a CC, particularmente en Tenerife. Así que repetir la actual fórmula de gobierno CC-PP, más la Agrupación Socialista Gomera se torna insuficiente, según las encuestas: habría que añadir a Vox. Y a ver cómo se vende eso.

A ese temor hay que añadir la manifiesta incapacidad del actual Ejecutivo de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, líder regional del PP, para ejercer sus competencias y gastarse el dinero que la ciudadanía les encomienda cada año. A falta de conocer lo ocurrido en 2025, está confirmado que en 2024 dejó de ejecutar 1.300 millones de euros. Cuesta trabajo creer que con más dotación presupuestaria y con un récord de recaudación extra de más de 150 millones en IGIC, la millonada que ahora se reclama en el decreto pueda ser gestionada de mejor forma.

Con graves carencias en políticas sociales (dependencia, empobrecimiento, atención a menores migrantes…), Canarias acentúa sus déficits en materia de vivienda, movilidad, medio ambiente, energía o recursos hidráulicos.

Así que hay que actuar y hacerlo desde ahora. Si la Agenda Canaria resultó un elemento rentable ante las dos grandes fuerzas políticas españolas, CC lo transforma ahora en la exigencia de un real decreto haciéndolo pasar por una suerte de batería de incumplimientos de Pedro Sánchez, cuando una buena parte de las reclamaciones son de nuevo cuño y habrían de traducirse como un indisimulado deseo de los llamados nacionalistas canarios por impugnar la autonomía y devolver competencias al Estado. 

Clavijo dice que son medidas “imprescindibles para esta tierra siga avanzando” porque “Canarias no puede seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno español supere su parálisis”, por lo que “necesitamos un decreto ley que materialice ya todo lo recogido en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto prorrogado de 2023”.

La Agenda Canaria, transformada en Decreto Canarias, más adelante Agravios Canarias y todo lo que pueda ser necesario para que se deduzca el abandono, el desprecio, los despojos y todo el manual que en su momento manufacturó la ATI profunda para lanzarse contra el pérfido canarión, culpable de todos los males que aquejaban a la isla de Tenerife cuando el germen de lo que hoy es Coalición Canaria era un partido insularista radical, que es lo que sigue siendo hoy el núcleo duro de los dirigentes tinerfeños de CC, que son capaces de adoptar como eslogan de campaña en unas elecciones locales el nada equívoco “Tenerife, lo primero”.

El Gobierno de Coalición Canaria (y el PP, esto no debe olvidarse) ha querido disipar cualquier duda sobre ese sentimiento insularista que sigue anidando en los dirigentes tinerfeños de la principal fuerza gobernante con un eslogan confuso: “Islas iguales”. Aunque aparentemente su enunciado trate de hacernos flotar en un líquido amniótico en el que la ciudadanía canaria se sienta protegida y cuidada, en realidad refleja un grave déficit: el reconocimiento de que algunas avanzan a distinto ritmo que las que más rápido avanzan.

En este contexto, ¿cuál es el planteamiento de Fernando Clavijo para resolver los verdaderos problemas de Canarias y hacer más iguales a los habitantes de sus islas? Muy sencillo a la par que previsible: endosárselos al Estado. Es el Estado el que tiene que resolver el problema de la falta de viviendas, por mucho que el Gobierno de Coalición Canaria y el PP se hayan dedicado estos dos años y medio a boicotear la aplicación de la Ley de Vivienda Estatal. Es el Estado el que tiene que resolver el problema de la pobreza estructural que sufre la población isleña inyectando más fondos para tratar de mitigarla. Es el Estado el que tiene que financiar las obras en el litoral canario pese a que Canarias asumiera hace ahora tres años las competencias en Costas. Es el Estado el que tiene que pagar la ineficiencia de las administraciones canarias en materia de movilidad con más dinero para el convenio de carreteras. Es el Estado el que tiene que pagar la negligencia canaria para atender a las personas dependientes, que mueren a centenares antes de ver reconocida su condición.

Y por si tanta desfachatez fuera poca, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular se atreven a reclamar al Estado los fondos necesarios para el despliegue de 1.400 nuevos agentes de la Policía Canaria, popularmente conocida como Guanchancha. El objetivo es que sean todos los españoles los que paguen un cuerpo policial que se aleja escandalosamente de sus competencias estatutarias para convertirse en una brigada al servicio del Gobierno. Lo hemos venido contando en Canarias Ahora desde hace meses. Con una sucesión escandalosa de decisiones tan opacas como obscenas, el Gobierno canario pretende convertir la Policía Canaria en una suerte de brigada a su servicio para un fin tan básico como previsible: que provea al Ejecutivo de información sensible para conocer los terrenos en los que debe moverse. Es decir, información de la que se obtiene mediante indagaciones policiales y judiciales, que para eso ha exigido convertir a la Guanchancha también en policía judicial, aunque ese cometido no se encuentre entre sus competencias estatutarias. Sí están entre ellas la de la conducción de menores con medidas judiciales, pero se niega a atenderlas porque prefiere dedicarse a lo que produce rédito político y estratégico.