Estas batatadas, que tienen un altísimo coste en asesores, abogados y avales, tiene sobre todo el coste de desilusionar al inversor. Esta arbitrariedad, que en principio parecía deberse al celo de un funcionario, el inspector jefe, que con todo esto fortificaba su carrera administrativa, es en rigor cosa del Gobierno del Partido Popular, que al parecer entiende que esos inversores de RIC, no son “personas”, en definición propia del partido gobernante. Pero todo esto se ha venido ocultando por los empresarios porque, aparte de la inspección y el acta correspondiente, se amenaza con el banquillo por delito fiscal. Pero ahora parece que el miedo ha pasado, las elecciones son un buen momento para que Hacienda rectifique. Pero aún así, queda el coste de prevaricaciones, coacciones y vergüenza por el miedo pasado, al tiempo que cuando se habla ahora de banquillo, se asimila a los funcionarios. Poco edificante para tratarse de personas europeas civilizadas. E insistimos, todo esto ha sido mucho, pero mucho más liviano en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas. Es decir, encima, discriminatorio.