No se asusten los teldenses ni los eólicos, que todavía no se mueven los coches Z. Lo harán, eso sí, en Tenerife, donde se preparan otras dos detenciones en relación con el caso del fraude en las viviendas de protección oficial (VPO), donde se ha detectado una trama de funcionarios presuntamente implicados en una desclasificación de casas de este tipo para propiciar su venta en el mercado libre. Los dos próximos detenidos, que se sumarían de este modo a los cinco imputados en la causa, son un funcionario de la Consejería de Infraestructuras, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias y un ex empleado público que hasta 2005 ejerció funciones auxiliares muy cercanas al consejero del ramo, Castro Cordobez. Fue la propia Consejería la que denunció y la que apartó a este último presunto implicado de los alrededores del titular del departamento.