Efectivamente, el pasado 25 de octubre Presidencia y Justicia adjudicaba un concurso urgente, negociado y sin publicidad (ole, que ole y olé) convocado para “la contratación del expediente complementario para el desarrollo del proyecto de creación de nuevas plantillas de tramitación para Atlante II y la ampliación de personal para la implantación de dicha aplicación, en el marco de la realización de los servicios de gestión de las aplicaciones informáticas de Tramitación Procesal (atención telefónica, soporte, mantenimiento, actualización y desarrollo), implantadas en los órganos de la Administración de Justicia radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias”. El adjudicatario, claro está, no podía ser otro que la empresa que resultó a su vez ganadora del concurso primigenio para implantar el Atlante II, Accenture, S.L. Se trata de una nueva adjudicación complementaria por importe de 484.009,52 euros (excluido IGIC) a destinar a confeccionar y aplicar un instrumento que ya existía en el Atlante I y que, por motivos que ignoramos por completo, alguien descartó para Atlante II. Pero si es un error en el diseño de la herramienta informática, ¿cómo es posible que se corrija premiando a la empresa con más dinero público? Porque debemos descartar que algún lumbrera de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia le haya dicho a Accenture que aquellas plantillas no hacían falta para nada. ¿O no debemos descartarlo tan alegremente?