Mientras se ponen de acuerdo los respectivos servicios de protocolo, agitación y propaganda, los trabajadores del hospital militar andan con la mosca detrás de la oreja. Más que nada porque siguen enterándose por la prensa de algunas cuestiones que consideran vitales para su futuro y porque a estas alturas ninguno de ellos ha recibido una comunicación de carácter personal en la que se les indique a qué rincón de la nacionalidad van a ir a parar cuando se formalice la compra-venta. Nos cuentan, con las prevenciones propias de este tipo de establecimientos, que existe una encuesta hecha entre el personal en la que se les pregunta por su deseo de ser transferidos a la Comunidad Autónoma. Y dicen que un alto porcentaje recita al unísono aquello de “Ay, madrecita, madrecita, que me quede como estoy”. El mosqueo principal está en el personal interino que tiene pendiente de consolidar su puesto de trabajo porque el Ministerio de Defensa todavía no ha convocado las oportunas pruebas, aunque haya emitido el cuestionario. Ni las convocará, aventuramos a afirmar. Se trata de una decena de médicos, un farmacéutico y una veintena de diplomados de enfermería que ven peligrar su futuro seriamente. Son los damnificados de la operación. Pero hay más.