Efectivamente, siguiendo las instrucciones del PP, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias no recurrieron aquella sentencia de febrero de 1998 en la que se daba razón a Cabo Verde, S.A. en sus pretensiones de hacerse con la concesión minera de la montaña de Tebeto, una pretensión que acabó alcanzando en 2004 de la mano de Luis Soria, consejero de Industria, en una resolución que firmó el director general de la cosa, Celso Perdomo. Pero aquella sentencia sí la recurre Canterías de Arucas, la empresa que se quedaba compuesta y sin concesión, a la que defendía en aquellos momentos José Miguel Bravo de Laguna y a la que representaba la esposa de Soria, Mari Carmen Benítez. Pero el recurso fue rechazado en 2002 por el Tribunal Supremo por un error garrafal que el alto tribunal endosa a la procuradora, un error por el que cualquier estudiante no aprobaría primero de Derecho: “(...) No ha lugar al recurso por haber omitido la parte recurrente la justificación de que la infracción de una norma no emanada de los órganos de una Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (...)”. A los clientes de la señora Benítez y del señor Bravo de Laguna les impusieron el pago de las costas, al tiempo que a la empresa de Rafael Bittini le quedaba expedito el camino para que Luis Soria, dos años más tarde, le diera todo lo que pedía. Todo ello, cómo no, con una tasación a la medida realizada por un tío carnal de los hermanos Soria, Antonio López.