Es cierto que el actual grupo de gobierno anda metido en un sinvivir. Sumar los 20 o 30 millones de indemnización que puede costar pagar a Realia los derechos urbanísticos que le otorgó el PP, a los 33,4 ya pagados y a los 44,1 a pagar en 2010, no es plato de gusto, por lo que la primera opción fue incluir la legalización de las torres del Canódromo en la revisión del planeamiento. Pero tras la última sentencia, que ratifica que la licencia es ilegal por estar basada en un Plan Especial nulo, el gobierno municipal ha optado por retirar esa pretensión del Plan General y esperar a que se pronuncie el Supremo. Si el alto tribunal decide que el Plan Especial fue legal, cosa bastante improbable por adolecer de ilegalidades, y no solamente de defectos de forma, el Ayuntamiento legalizaría la operación. De lo contrario, apechugará con el restablecimiento de la legalidad. La exigencia de responsabilidades patrimoniales a los autores de este desaguisado son otros lópeces. Otros sorialópeces, que ya anda bastante consolidada esa doctrina saavedrista del dolce far niente.