A mayor abundamiento, si se nos permite, fue Emilio Mayoral quien, durante su mandato, ordenó redactar un informe que aclarara las condiciones de algunas concesiones portuarias concedidas al amparo de esos acuerdos de 1999, concesiones que no fueron adaptadas a la nueva Ley de Puertos. El ex presidente portuario socialista no dejó de cobrar ni una sola concesión, y revisó para su adaptación todas aquellas que se dirigían a la Autoridad Portuaria para solicitar alguna modificación en sus condiciones y meterlas de paso en cintura. Aquel escándalo se desinfla porque, para colmo, la declaración de lesividad de los acuerdos de Luis Hernández, condición indispensable para dar marcha atrás a todo lo actuado, es tarea complicada en la que andan metidos los servicios jurídicos del Ministerio de Fomento.