No parece que exista ninguna razón ordinaria o extraordinaria por la que se pueda explicar que Soria mantuviera en CajaCanarias a Maribel Oñate tras descubrir sus deslices bancarios, ni que dos años después de abroncarla por ellos la elevara a la categoría de parlamentaria regional en una clara constatación de que cualquiera puede ser padre de la patria canaria sin méritos conocidos y/o con un expediente plagado de irregularidades. Eso sí, a Maribel Oñate hay que reconocerle una capacidad notable para el griterío de gallinero, para la diatriba pública y para la paja en el ojo ajeno. Su historial político está plagado de acontecimientos que lo corroboran, lo que seguramente constituye en el PP un valor que borra los antecedentes peligrosos, como el relatado en CajaCanarias. Además de pertenecer a esa saga de políticos del PP que tanto avergonzaron a la política y al PP desde el grupo municipal del Bragagate, Oñate es la responsable política directa de una reciente condena judicial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por su mala gestión al frente del organismo autónomo de Fiestas de la capital tinerfeña, una condena que reportará el pago de un millón de euros en intereses. Oñate, junto al también diputado del PP Felipe Alfonso El Jaber, fue la encargada de berrear al mundo (el verbo se corresponde exactamente con el modo que tiene de expresarse en declaraciones publicas) que ese partido se oponía al plan gubernamental de apertura de colegios y de comedores este verano alegando que era una medida insuficiente, y poniendo en marcha la penosa campaña que luego continuaron los alcaldes populares de Canarias para acabar reculando de manera vergonzosa ante la tenaz evidencia de que estaban todos ellos meando por fuera de la escupidera.