La denuncia del Niño Bravo tardó bien poco en ser archivada. Fundamentada en tres endebles informes de otros tantos técnicos municipales, venía a describir una situación de enfrentamiento entre funcionarios y la que entonces era la concejal de Servicios Sociales, Guadalupe del Río. El fiscal encargado de estudiar los hechos, Miguel Pallarés, emitió un dictamen el 15 de mayo proponiendo el archivo de la denuncia por considerar que los hechos referidos por el alcalde eran simplemente “comportamientos que han de ser resueltos por los cauces internos del propio ayuntamiento, teniendo en cuenta que la actuación administrativa se articula, entre otros principios, por el de jerarquía, siendo también aplicable el de competencia”.