Vaya, vaya. Así que engañada por la promotora, así que todo es un montaje... La presidenta del PP de Lanzarote, vicepresidenta del Cabildo y parlamentaria regional Astrid Pérez, tiene un mes de plazo para demoler parte de su chalet en Lanzarote, su piscina, unos muros y unas ampliaciones que realizó ilegalmente sobre suelo rústico protegido. Sus lamentaciones, sus penosas acusaciones de politización de un procedimiento puramente administrativo y la atribución de responsabilidades exclusivas a la constructora no han hecho mella en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que ha desestimado sus alegaciones y le ha recordado que, pese a haber comprado en 1999 una propiedad de 1997, fotografías aéreas de 2000 demuestran que ella y los demás comuneros continuaron construyendo sin contar con la preceptiva licencia. En el mismo caso que Pérez se encuentra un fiscal, Miguel Pallarés, que llegó a ser fiscal coordinador de Lanzarote por aquellas fechas. Además de las mismas infracciones que la presidenta del PP, Pallarés suma al listado que las superficies de su parcela y de sus construcciones no coinciden con las inscritas en el Registro de la Propiedad. Resulta curioso observar cómo en este sonado caso no nos encontramos con los infractores inmersos en un proceso penal. Si lo están desde hace la intemerata el constructor, el promotor, la ex alcaldesa María Isabel Déniz y el famoso ex secretario municipal Felipe Fernández Camero. Si el Gobierno dice que los propietarios también son infractores, ¿dónde está la Fiscalía de Medio Ambiente tan diligente para otros menesteres?