El acta de la Junta de Gobierno es taxativo: se toma “conocimiento de la documentación aportada en este acto por el concejal delegado de Ordenación Territorial (...) y del dictamen acompañado, facultando al citado edil para, en base al dictamen, que se transcribe, formular denuncia ante la Fiscalía”. Es decir, que el acuerdo oficial no autoriza a Reyes a denunciar ante el Juzgado de Guardia, cosa que hace inmediatamente y, además, falseando totalmente la realidad. Porque en los hechos que relata en la querella asegura que “el señor secretario de la Junta de Gobierno incoó el correspondiente expediente, autorizándose al que suscribe a poner los hechos en conocimiento de la Administración de Justicia”. Y para que no quedara duda de sus intenciones, la querella lleva tres destinatarios con sus nombres, sus apellidos y sus domicilios: Ildefonso Jiménez, Juan Manuel Cabrera y Julián Gómez del Castillo.