Más curioso es comprobar los preceptos del concurso en cuanto a los requisitos que se exigen a las empresas españolas: han de estar inscritas con la clasificación del grupo V, subgrupo 1 y categoría B en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Hechas las oportunas averiguaciones en la web oficial del Gobierno, nos encontramos con que sólo existe una empresa con dicha clasificación, ICC, que viene a ser la que lleva prestando el servicio objeto del concurso los últimos años. Y, de remate, una discriminación positiva, pero en este caso en favor de los empresarios no españoles de la UE, a los que no se les exige que estén clasificados, sino solamente que acrediten su capacidad financiera, económica y técnica.