Los juzgados de Telde eran este jueves un hervidero de rumores y de consternación. La operación contra la libertad de expresión y el derecho a la información dirigida por la juez María de los Ángeles Zabala y la Guardia Civil estaba en boca de todos los operadores jurídicos, que se echaban las manos a la cabeza a medida que iban conociendo los detalles de la denuncia, las primeras diligencias, la entrada y registro, las detenciones y la atolondrada marcha atrás de la magistrada. Este jueves no hubo muchos avances más allá de la reanudación de emisiones de las radios afectadas, que aún se limitaban a la retransmisión de música descatalogada o proveniente de CDs con su carátula y su correspondiente ticket de compra, no fuera a aparecer por ahí alguien de Ciuca con ganas de poner a trabajar de nuevo a la juez. Ésta, desconocedora de los aparatos que la Guardia Civil incautó, ha delegado en el perito judicial la responsabilidad de la devolución de los equipos necesarios para garantizar el derecho a la información de los afectados, lo que ha retrasado aún más la regularización de una situación que jamás debió haberse producido.