El mismo día, o sea, este martes, los ciudadanos de Canarias fuimos testigos de dos lamentos de la Justicia en esta nacionalidad, o como quiera llamarse en el nuevo estatuto este puñado de islas. En el Parlamento de Canarias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Castro Feliciano, se quejaba de la ya secular falta de medios de esa Administración en las Islas, lo que automáticamente se traduce en una deficiente calidad en la prestación de este servicio público. En la otra isla capitalina, en Las Palmas de Gran Canaria, el alto tribunal isleño sentenciaba a una pena mínima y casi insultante al ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, que quedaba absuelto del delito de prevaricación sencillamente porque éste ya había prescrito en el momento de investigarse los hechos. Pero la sentencia decía muchas más cosas.