También incluye este cambio de táctica judicial una drástica reducción de las pretensiones económicas del vicepresidente del Gobierno frente a sus denunciados y demandados. Si hasta ahora pedía dos años de prisión y sumas que alcanzaban los 750.000 euros por pleito, ahora parece conformarse con valorar su honor en un exiguo euro. Hay que recordar, llegados a este punto, que para reclamar aquellas astronómicas indemnizaciones, Soria alegaba que era la diferencia de lo que cobra actualmente en la política respecto a lo que pudo haber cobrado de haber permanecido en la actividad profesional como técnico comercial del Estado destacado en alguna embajada española en el exterior. Ahora pueden ocurrir dos cosas: a) que esa merma en sus ingresos ya se haya reducido a un euro o b) que tenga auténtico terror a una condena en costas en la jurisdicción civil, donde éstas se calculan en función a las pretensiones económicas solicitadas en la demanda.