Pongámonos en el escenario de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejecutara el rescate de la concesión del golf en La Minilla. Tendría que indemnizar a los actuales concesionarios, Evemarina, el importe de las obras realizadas en la concesión y restarle las deudas contraídas con la Administración. Si nuestros cálculos no son erróneos, sólo en agua estos señores deben a la ciudad la friolera de millón y medio de euros, a lo que hay que sumar lo que el Ayuntamiento le tiene reclamado ante el Juzgado de lo Mercantil de Málaga, esto es, el canon anual, a razón de 70.000 euros durante seis años, más nueve millones de euros por obras autorizadas y no construidas, que han sido recurridas por Las Palmeras Golf, a lo que se añadiría una interminable sucesión de pequeños embargos que podrían alcanzar tranquilamente los 30.000 euros. Pero, por favor, apliquen la moviola y sitúense en la afirmación anterior referida a “nueve millones de euros por obras autorizadas y no construidas”. Les estamos hablando de las que debió ejecutar en su día Evemarina con los diez millones que le prestó Cajacanarias. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿A nombre de quién actúa el dúo Hernández y González? ¿Es casual la heroicidad de estos dos empresarios?