El segundo intento del PP por tratar de aparentar que quiere regenerar la vida pública española se produjo el 21 de diciembre de 2009. En la sede central del partido, Ana Mato, que se ha visto envuelta en los regalos de la trama Gürtel, presentaba junto a María Dolores de Cospedal un segundo código, llamado en esta ocasión “de buenas prácticas”, que ni ella ni su compañera de presentación habrían pasado de haberse sometido. Porque mientras la primera no se abstuvo a la hora de practicar “cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pudiera dañar la imagen y la honorabilidad de la organización a la que pertenece”, la otra ocultaba sus bienes hasta que se vio obligada por la presión mediática. Pero ese mismo día de diciembre de 2009, casi a la misma hora, un militante del PP, Cándido Reguera, alcanzaba la alcaldía de Arrecife gracias al voto de dos corruptos confesos, detenidos en el marco de la operación Unión. Para justificar la indecencia, el PP sostuvo también entonces que había que respetar la presunción de inocencia de los imputados, olvidando que, tanto el código del 93 como el de 2009, enfatizan que el comportamiento de los cargos públicos y orgánicos debe regirse por normas éticas “más allá de las previsiones que la propia ley establece”.