El varapalo propinado este martes por la Justicia al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es de los que hacen época. En una sentencia contra la que cabe recurso ante el TSJC, una magistrada de los Social echa por tierra no solamente unos acuerdos abusivos, arbitrarios y desproporcionados contra los trabajadores municipales, sino que deja en entredicho una manera de actuar, unos modales, que el PP aplica constantemente con un desprecio impropio de unos servidores públicos. En materia de personal y apoyado en ese soniquete que repite sin cesar por todas las esquinas de que hay que adelgazar las administraciones, hacerlas más eficientes, más económicas y menos intervencionistas, el alcalde Cardona y su corte de ejecutivos agresivos no han respetado ni siquiera las normas de estabilidad presupuestaria (otro eufemismo) que el PP impuso a poco de llegar al Gobierno de España. Los feos modales empiezan a chocar con las leyes y con los tribunales y provocan una innecesaria tensión en las relaciones laborales entre patronos y empleados, con el tanteador parcial del partido de momento a favor de estos últimos. La sentencia coincide en el tiempo con la difusión de una resolución del director general de Recursos Humanos en la que literalmente se amenaza a los recientemente nombrados funcionarios interinos antes laborales con perder su plaza “y la condición de empleado municipal” si, por cualquier motivo, no se presentan a la “toma de posesión anticipada” antes de los tres días en el puesto de trabajo asignado. Ni un resquicio para las causas de fuerza mayor, el ordeno y mando permanente que tan pírricos resultados parece estarles dando, a tenor de sentencias como la conocida este martes. El mismo alto cargo del PP, José María Cabrera, ha convocado para este mismo miércoles a los representantes laborales a una reunión en la que pretende volver a imponer las mismas medidas de suspensión de convenios, pactos y acuerdos “por causa grave y excepcional de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas” que la sentencia de lo Social acaba de echar por tierra. Veremos qué conejo se sacan ahora de la chistera y qué impuestos subirán con la excusa de tener que devolver a los trabajadores lo indebidamente retenido.