Desde la llegada de Soria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en 1995, se implantó un régimen de terror entre la inmensa mayoría de los funcionarios. El que se sale del carril pasa al gulag. Y el que da información a la prensa o a la oposición, ya se puede ir preparando. Los concejales opositores salieron de los órganos de control y se estableció un sistema por el que hasta los expedientes públicos están vedados al control democrático de los representantes de los ciudadanos. El de la adjudicación del servicio de playas es uno de los expedientes intocables y en el Servicio de Contratación tiemblan cuando alguien pregunta por él. Nardy Barrios lo ha pedido desde hace tiempo con escasa fortuna, hasta que este martes se constituyó con dos notarios (un titular y un suplente, por si las moscas) y todo fueron facilidades para la concejal. Antes, ese portento de concejal que es Miguel Concepción, había remitido a Barrios al viernes, de modo que no pudiera consultar nada antes de su acto de conciliación judicial. Si es que les chifla el Estado de Derecho.