Las teclas del ordenador donde escribe Soria aguantan carros y carretones. Y lo decimos con el pleno convencimiento de que el vicepresidente del Gobierno de Canarias no cree en la prensa libre ni en los mecanismos que el Estado de Derecho tiene establecidos para las relaciones entre las instituciones y la sociedad, entre los políticos y los ciudadanos, entre el poder y los medios de comunicación. De otra manera, Soria jamás habría proferido los ataques insultantes que ha proferido contra el presidente de Canarias7, Juan Francisco García, o contra el consejero delegado de La Provincia, Guillermo García-Alcalde, ni habría pedido prisión en tres ocasiones distintas para el director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa. Un juez, Javier García-Sotoca se lo dejó claro en una sentencia firmada el 23 de septiembre de 2009, con ocasión de la absolución de dos periodistas a los que el vicepresidente quiso meter en la cárcel por haberle descubierto su chanchullo con los Esquivel y el negocio eólico: “Este tipo de acciones penales [querellas infundadas contra periodistas] pueden hacer que los ciudadanos se desanimen -en el sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- al momento del ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, en definitiva, es necesario evitar que la acción penal se pudiera convertir en una suerte de instrumento para amordazar dichas libertades”. Soria fue condenado a las costas en primera instancia por manifiesta temeridad y mala fe, aunque luego la Audiencia Provincial le perdonara esos desembolsos en una sentencia contra la que hemos actuado de manera contundente.