Lucas Bravo de Laguna Cabrera ha sido señalado por la Guardia Civil como presunto autor de un ramillete de delitos relacionados con la corrupción, desde la malversación hasta la prevaricación continuada, pasando por el tráfico de influencias y terminando, cómo no, en el delito electoral. Este último es el más asequible para el común: que llega una campaña electoral, pues rianga, los operarios municipales, con material de construcción pagado por el Ayuntamiento a una ferretería de un concejal del grupo de gobierno, a arreglarle las casas a los electores. El magistrado que instruye la causa, Alberto Puebla, de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria, mandó a la Guardia Civil a darse un respiro, de modo que será él y no el benemérito cuerpo quien llame al niño Lucas a declarar en calidad de imputado. O reina de las fiestas, que nunca se sabe.