La Guardia Civil y el juez César Romero Panparacuatro investigan desde hace meses en el marco de la Operación Unión la tramitación del Plan General de Arrecife, un cúmulo de operaciones que se iniciaron bajo la alcaldía de María Isabel Déniz y que han tenido su continuidad en el actual mandato, bajo la alcaldía del socialista Enrique Pérez Parrilla. Del Islote del Francés se habla en ese planeamiento, y si alguien lo analiza con atención, descubrirá la versión conejera del caso Tebeto: un empresario, Cortezo, con buenos abogados frente a una Administración cuanto menos distraída e incompetente. Todo Lanzarote sabe que el islote era suelo del puerto de Arrecife y desafectado por aquellas cosas que ocurrían en el franquismo. Una vez en la propiedad privada, lo único que se podía hacer era expropiar, pero como islote, ya que en el puerto no se aplica la servidumbre de protección de Costas. Pero una vez devenido suelo privado es de aplicación la servidumbre de 100 metros, la misma que ha conducido a Cortezo ante los tribunales y que le obliga por sentencia firme a demoler las viviendas de una docena de sufridos y engañados compradores.