Viernes, a la muy coctelera hora de las 13.30. Era el momento para el esperado acto protocolario de apertura del año judicial 2012-2013 en Canarias, es decir, para el momento pactado en que en el mismo punto geométrico prefijado coincidieran todas las autoridades civiles y militares que en esta archipielágica ultraperiferia son. La idiosincrasia quiso, sin embargo, que el bolo empezara antes y que a la hora pactada, las 13.00, con la antelación suficiente, ya estuvieran pertrechados con sus ropajes negros y sus ideas rojas los funcionarios de Justicia en la Plaza de San Agustín. El consejero y el correspondiente viceconsejero de Justicia, Francisco Spinola y Pedro Herrera, respectivamente, así como el director general, Alejandro Parres, anticipando lo previsible, se hallaban refugiados desde las 12.45 en el despacho del presidente de la casa, el TSJC, Antonio Castro. Otras autoridades civiles, militares y eclesiásticas, esas que no suelen faltar a la cita judicial, con o sin canapé, no pudieron desoír, ignorar o esquivar las protestas de los empleados públicos que llamaban la atención sobre la situación de la administración de justicia repartiendo unas originales octavillas con las nuevas tasas judiciales bajo el original título de “El ofertón de Gallardón”. Para que luego digan que no era progre, el tío.