Pues ya lo tienen ahí: el portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas de esa Corporación, Carlos Sánchez, procesado y con petición de prisión por parte del Ministerio Fiscal. Dicen los estatutos del PP canario que bastaría el auto de apertura de juicio oral para que cualquier afiliado imputado por algún delito haya de ser expulsado sin remisión. No lo hará el PP con Carlos Sánchez, ni Carlos Sánchez dimitirá a pesar de esta grave acusación. No se irá sencillamente porque vive de la política. No tiene otro modo de vida desde hace años, y su renqueante economía personal depende de que las cosas le vayan bien en esa actividad que él ha transformado en profesión. El PP no lo expedientará para expulsarlo porque es una pieza muy valiosa en el sector empresarial del partido dada su acreditada facilidad para relacionarse con los empresarios que resultan (o están en trance de ser) adjudicatarios de obra pública. Cumple, además, con el perfil de político audaz y aparentemente impune que tanto gusta a José Manuel Soria, capaz de ejecutar los servicios más arriesgados para el partido sin apenas pestañear. Fue, por si no lo recuerdan, uno de los intermediarios que participó en la encerrona y consiguiente grabación clandestina que se realizó sobre el testigo de cargo del caso Grupo Europa, Francisco Benítez Cambreleng, y el que llevó hasta las últimas consecuencias los intentos de chantaje del Partido Popular para que retirara los cargos contra Jorge Rodríguez, el diputado que lucha ahora a brazo partido por retrasar al máximo el juicio en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.