Lo curioso de esta auditoría es que la Intervención General ha enviado una circular a todos los afectados advirtiendo de que ha sugerido a los auditores que se analicen todas las instancias que hayan tenido que ver con los cursos, no sólo los que los hayan impartido, sino también aquellas empresas que hayan actuado como proveedores de esos servicios. Así, y en concreto, la cosa va directamente al bollo del cogollo del meollo de las empresas que han sido contratadas para facilitar profesorado a aquellas entidades colaboradoras que carecían de algunas especialidades. Quiere averiguar el Gobierno cuánto pagaron a los profesores y qué beneficios han obtenido estas empresas. Lo que, en aplicación del mismo rigor, obligaría a auditar a El Corte Inglés, que vende los libros de algunos cursos, a Telefónica, que facilita las ADSL para los cursos por Internet, y a Unelco, que da el enganche de la luz. Los afectados han pedido un dictamen a un jurista de reconocido prestigio.