Mientras llega ese archivo definitivo (suponemos que el PP recurrirá para ver si pesca algún guelde), se tramitan ya en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC dos denuncias contra José Manuel Soria. Una de ellas fue interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por delitos de injurias y calumnias presuntamente cometidos por el vicepresidente del Gobierno en el uso legítimo de su inviolabilidad parlamentaria, y olé. La otra denuncia es obra del ingeniero Benítez Cambreleng, que acusa a Soria de grabarle ilegalmente una conversación privada y difundirla, primero a través de la revista Época (jo, qué pedazo de número aquel de los GAL) y luego a través del correo electrónico del PP a todos los medios de comunicación de las Islas. Además, Cambreleng acusa al inquieto político de haberle mandado a un emisario, Carlos Sánchez, para ofrecerle 600.000 euros con los que comprar su complicidad en la conspiranoica. Por cierto, asegura el denunciante que ha tenido problemas para encontrar procurador por el miedo que se respira en los ambientes judiciales a tocar, aunque fuera de soslayo, a personaje tan aparentemente inmune a la Justicia.