El cabreo de los empresarios por la inoperancia de las administraciones canarias para propiciar las inversiones dentro del abigarrado marco legal isleño se acrecienta estos días con la llegada de las primeras sentencias del Tribunal Supremo condenando a muchos inversores a pagarle a la Agencia Tributaria fuertes sumas de dinero por irregularidades en la materialización de las inversiones acogidas a la RIC. Decenas de actas levantadas en su día por inspectores de Hacienda antes de que se aprobara el reglamento de esa herramienta fiscal, que permite a los empresarios invertir el impuesto de sociedades con el fin de generar riqueza y puestos de trabajo, han acabado finalmente en fuertes sanciones y en la devolución de las cantidades irregularmente dotadas dentro de la reserva. Fundados en que la RIC prohibía incluso antes de su reglamento dotar fondos provenientes de beneficios atípicos como los financieros, los inspectores fiscales levantaron actas -por las que obtenían pluses de productividad- que ahora han acabado en sentencias firmes del Supremo. Hay empresarios que directamente terminarán arruinados por las sanciones, que llegan en el peor momento de la crisis. Otros ya han manifestado en público y en privado que a ellos no los vuelven a encontrar en actividades inversoras y que no quieren volver a oír hablar de herramientas de incentivos a la inversión. El Grupo Lopesan, por ejemplo, ya ha recibido la primera sentencia que le obliga a pagar más de tres millones de euros por RIC invertida en los dos hoteles más emblemáticos de Meloneras, el Costa Meloneras y el Villa del Conde. Y se esperan nuevas sentencias que podrían superar los 40 millones de euros.