De memorable para arriba, por no tirar directamente voladores, puede calificarse la entrevista que concedió el líder del PP, Mariano Rajoy, a la agencia Europa Press en su retiro estival de Sanxenxo. Habló Rajoy, lo que en sí mismo ya es noticia, acrecentada notablemente por haberlo hecho a respuestas de un periodista. Deben ser los efectos de la relajación veraniega. Entre otras perlas difíciles de tragarse enteras, el candidato a presidente de España dijo que sigue confiando en Francisco Camps, el retirado molt ex honorable president de la Generalitat Valenciana, ahora metido a vocal del consejo consultivo de esa comunidad autónoma para darle a la cosa aún más brillo y esplendor. Con menos pasión que de costumbre, Rajoy defendió la inocencia de Camps proclamando urbi et orbi que “nadie se compra o se vende por tres trajes”, lo que implícitamente es un reconocimiento de que el señor Camps finalmente sí recibió las prendas que siempre dijo que no había recibido. Pero la afirmación del presidente del PP encierra otra trampa de mayor consideración, su olímpico desprecio al Código Penal español, y más concretamente a la reciente reforma ante la que su partido se abstuvo en 2010. Camps será juzgado por un delito de cohecho impropio según el artículo 426 del viejo Código Penal, que contempla unas penas de multa de tres a seis meses para todo aquel funcionario o cargo público que reciba dádivas o prebendas en consideración a su cargo. Sin embargo, la modificación eleva esas penas a seis meses o un año de prisión, más uno a tres años de suspensión de empleo y cargo público.