Las viviendas de los dos hijos de Toñi Torres fueron reformadas convenientemente por personal adscrito a la empresa municipal Urvitel, de la que la concejal del PP en libertad bajo fianza fue consejera delegada hasta que estalló el escándalo de Faycán. Es lógico que la madre echara una mano a sus hijos, máxime teniendo en cuenta que uno de ellos sólo cobra 900 euros en una empresa de Santiago Santana Cazorla y el otro unos 1.000 en la empresa pública Gesplan. Por cierto, se quedaron muy sorprendidos en esa sociedad dependiente de Medio Ambiente cuando llamó la Policía para informar de que no regresaría al trabajo. Uno de sus jefes exclamó que el chico tenía que haber estado en Gáldar entregando unos papeles muy importantes, lo que obligó al personal de la oficina a desplazarse hasta Telde a recoger la documentación y la furgoneta que el detenido había utilizado.