Negrín, en la Fiscalía; Clavijo, en un brete

A un mes escaso de que todo pueda irse al carajo en la Radio Televisión Canaria, el Gobierno de Canarias sigue sin proponer el nombre de una persona que sustituya a Santiago Negrín, el artífice del mayor caos que ha vivido jamás un ente público archipielágico. El 30 de junio expira la prórroga de la que disfruta la productora adjudicataria de la prestación de los servicios informativos y de la continuidad de las emisiones de Televisión Canaria (el canuto por el que pasa toda la programación del medio), y a estas alturas no se sabe quién va a embridar el asunto y, sobre todo, cómo.

El Gobierno de Coalición Canaria busca desesperadamente a un incauto o incauta que, a título de administrador único, sea capaz de conjugar la legalidad vigente con una explosión controlada que impida que sus decisiones se vuelvan en contra de su antecesor y, consecuentemente, contra quienes lo nombraron y lo mantuvieron en el cargo a pesar de las constantes evidencias de que los problemas no se solucionaban sino que se complicaban por momentos.

Por fortuna, los partidos de la oposición han marcado a Coalición Canaria por dónde no debe ir el perfil profesional de la persona que sustituya a Negrín. Por lo tanto, no podrá ser Daida Rodríguez, presidenta y cómplice en la sombra, y actual mandamás de RTVC tras la dimisión de aquel. Ni podrá ser el siempre socorrido Francisco Martin, eterno asesor de José Miguel Ruano, el portavoz de Coalición Canaria ahora sumido en una frenética búsqueda.

De momento suena con fuerza el nombre de José Luis Rivero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y expresidente del Consejo Económico y Social, además de hombre bueno al que con frecuencia acude Coalición Canaria cuando de darse un barniz de academicismo y de profesionalidad se trata. Rivero, como es natural, no tiene ni pajolera idea de lo que es la gestión de la televisión o de la radio públicas, lo que le obligará de inmediato a rodearse de personas que le puedan asesorar en un tiempo récord para decidir qué hacer con ese famoso concurso envenenado de los informativos, con el del transporte de señal, adjudicado de modo irregular por Santiago Negrín, y con la espectacular caída de audiencia y de credibilidad que sufre el medio.

Y ahí, en las personas que elija o le elijan para que le asesoren podrán estar muchas de las claves de las decisiones que presenciemos de ahora en adelante. Aunque, todo hay que decirlo, quien asuma la gestión de RTVC tiene bien pocas salidas.

El concurso de informativos ya estaba resuelto cuando dimitió Negrín. La oferta mejor valorada fue la de Videoreport, la actual adjudicataria, pero atendiendo a los evidentes vicios de ilegalidad que acompañaron todo el proceso, lo más natural sería que el nuevo administrador único (o administradora única) resuelva de inmediato declarar nulo todo lo actuado por Negrín antes que proseguir con la adjudicación y sufrir un revés judicial en el momento más inoportuno. Entre otras cosas porque, en pura lógica y legitimidad, las otras dos productoras concursantes, que jamás denunciaron la ilegalidad del concurso por la manifiesta incompetencia de Negrín para ser su órgano de contratación, recurrirían una hipotética adjudicación alegando lo que jamás alegaron, y con todos los boletos para ganar. Videoreport, por su parte, no ha retirado sus contenciosos-administrativos de fondo, lo que significa que el juez que lleva el asunto, Francisco Eugenio Úbeda, deberá pronunciarse en los próximos meses. Eso si no se deja embelesar por los cantos de sirena que le llegan desde el Gobierno regional, que ha escuchado con nitidez las ganas que tiene el magistrado de trasladarse a su tierra natal, Gran Canaria, donde hay cargos vacantes que le pueden ser ofrecidos.

Pero si el nuevo responsable de RTVC no adjudica el concurso y evita así que la televisión se vaya a negro el 30 de junio, tendrá que acometer una prórroga del actual contrato acudiendo a un procedimiento extraordinario que le permitiría alargarlo hasta nueve meses más. Un tiempo más que suficiente para que el Parlamento pueda tramitar las modificaciones legales que estime oportunas para cambiar el modelo de gestión del ente público, desprivatizar los informativos y abrazar fórmulas que han sido exitosas en otros lares, verbigracia, la de Fran Llorente en TVE en los tiempos de Zapatero. O, en su defecto, convocar un nuevo concurso sin saltarse la legalidad vigente, lo que podría activar desde luego los derechos del actual concesionario y ganador virtual de la última licitación, que podrá quejarse con razón de que sus dos competidores ya conocen su oferta ganadora y podrán competir nuevamente con ventaja.

Pero Coalición Canaria tiene un grave problema si el sucesor de Negrín anula el concurso de informativos ya resuelto por Negrín: dejará in puris naturalibus (en pelota picada) no solo al expresidente de RTVC, sino al Gobierno que lo puso y a los partidos políticos que, pese a las flagrantes evidencias, lo mantuvieron contra viento y marea haciendo que imperara el caos durante meses y meses. Anular el concurso por sus evidentes vicios de ilegalidad equivale a confirmar que Negrín y sus cómplices desoyeron olímpicamente todas las voces que les advertían de que andaban descarriados (en fraude de ley, en lenguaje más adecuado, el empleado por la secretaria del consejo rector, a la que por negársele hasta se le negó el acta de la última sesión en la que participó) y que aún así continuaron adelante hasta que se tropezaron con la cruda realidad de una oferta ganadora que ni ellos mismos se esperaban.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife investiga al expresidente de RTVC tras una denuncia por prevaricación que tiene sobre su mesa desde hace dos meses. Puede que no sea la única que anda moviéndose por las sedes judiciales de la isla de Tenerife y puede que se amplíen los presuntos delitos. Su sucesor o sucesora debe pensarse muy bien hacer lo que hizo Negrín nada más investirse de la púrpura: personarse en la causa penal que aún se sigue (ya sin titulares a cuatro columnas por perjuicio para su señoría) en un juzgado de instrucción de la capital tinerfeña.