Unan a los pufos dejados por Soria en el cado de Global ese puntito kafkiano que tienen las administraciones públicas, en las que el poder de los funcionarios, unido al terror de los políticos a que los acusen de prevaricar, ralentizan hasta límites bananeros los trámites más sencillos. En el caso de la deuda del Cabildo de Gran Canaria con Global, se cruzan los compromisos incumplidos de Soria con el empeño del interventor por no dar por buena deuda alguna que exceda de seis millones de euros, la mitad de lo que se reclama, a lo que hay que añadir un informe del jefe de los servicios jurídicos de la Corporación que vaticina que puede tener razón la empresa transportista pero que, llegado el caso de un pleito judicial, su resolución es impredecible. Por lo tanto, la autoridad insular de transportes, en manos de Román Rodríguez, se ha puesto a tratar de encontrar un acuerdo que evite que Global acuda a los tribunales. Y se alcanzó, y se cifró el pago en 9,5 millones, pero volvió a oponerse el interventor, con lo que vuelta a empezar. La última propuesta ha partido del consejero de Economía y Hacienda, Luis Ibarra, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acudir a los remanentes de tesorería para autorizar el pago de una parte de la deuda y sus intereses, hasta llegar a ocho millones. Pero a Global debe habérsele llenado la cachimba. A ver qué dice su director general, Ángel Luis Sánchez Bolaños.