José Miguel Ruano, consejero de Presidencia y Justicia, dedica desde hace algunos días una parte de su precioso tiempo a garantizar urbi et orbi que el sistema Atlante de gestión procesal en la Administración de Justicia es fiable y seguro. No vamos a ser nosotros quienes nos atrevamos a dudarlo, faltaría más, que para eso existen los operadores jurídicos, con la junta de personal al frente y algún mosqueado juez de isla periférica, declarando justo lo contrario desde hace tiempo. El debate abierto en torno al ordenador profesional de la juez Victoria Rosell, quemado misteriosamente durante un fin de semana en el que nadie entró en su juzgado, puede dar lugar a interesantes descubrimientos que seguramente derivarán en si es producente o contraproducente, seguro o inseguro, tentación o pecado poner en manos de las administraciones autonómicas españolas la gestión de herramientas tan sensibles, sobre todo a partir de que en este país se haya empezado a investigar la corrupción con cierto desparpajo.