Esa obsesión por aniquilar al adversario, al periodista crítico o al denunciante frágil han llevado en este año que termina a José Manuel Soria a unos cuantos excesos más que sumar a su carrerón político. En estos momentos intenta sacar del Consejo de Administración de La Caja a un representante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que hasta agosto de 2008 fue accionista de referencia de CANARIAS AHORA. Pero lo está intentando también con el ingeniero que denunció una de las tramas de corrupción del PP, Francisco Benítez Cambreleng, al que intentó presionar en una conversación que el mismo Soria ordenó grabar a uno de sus secuaces ?Carlos Sánchez, sospechoso de soborno en la operación Unión- con el fin de utilizarla luego en una publicación nacional convenientemente untada con dinero público por la consejera de Turismo, Rita Martín, otro personaje insigne del año en Canarias. Fue el famoso Soriagate, que en estos momentos tiene una doble secuela en los tribunales: ha demandado a Cambreleng por una vulneración de su honor, y a nosotros y a varios jefes policiales por “revelación de secretos” en la trama del Grupo Europa, donde lo que verdaderamente hay son presuntos corruptos de su partido, como Jorge Rodríguez.