Los consejeros insulares y sus más estrechos colaboradores no se esconden a la hora de reconocer que habían sido advertidos por el mando saliente del comportamiento más que sospechoso del jefe del Servicio de Régimen Interior del Cabildo. En primera instancia venció la incredulidad, hasta que llegó a la Mesa de Contratación la adjudicación del concurso para el servicio de seguridad privada de varias dependencias de la Corporación. Como les contamos aquí en su momento, Carlos Gutiérrez y su ayudante, el abogado Adrián del Pino, informaron esa adjudicación en favor de la empresa gaditana Serramar, en detrimento de otras ofertas, pero especialmente de la compañía que venía prestando hasta ahora esos servicios, Seguridad Integral Canaria. Las dudas que entre los miembros de la Mesa de Contratación suscitaron las valoraciones subjetivas de Gutiérrez y Del Pino forzaron la petición de un informe del jefe de los Servicios Jurídicos de la Corporación, Carlos Trujillo, quien, efectivamente, encontró múltiples lagunas, arbitrariedades, valoraciones injustas y otras anomalías que le llevaron a aconsejar no otorgar el concurso a Serramar y sí a Seguridad Integral Canaria. Pero los funcionarios de Régimen Interior se cerraron en banda y obligaron a la Mesa de Contratación a asumir sus valoraciones iniciales.