Por decir que en Canillas, sede de la Comisaría General de Policía, existe una “camarilla policial dedicada a preconstituir pruebas contra el PP”, un juez de Madrid ha abierto diligencias penales contra el que fuera vicepresidente del Gobierno en la etapa de Aznar, una grande y libre, Francisco Álvarez Cascos, el potro del Sella. Los accidentes políticos y la proverbial lentitud de la justicia han querido que aquella tan conspiranoica afirmación la pronunciara Cascos cuando creía que iba a ser la gran esperanza blanca del PP, y que investido de tal virtud emprendería una suerte de moderna reconquista desde su Asturias patria querida hasta La Moncloa, pasando por la calle de Génova. Ahora tiene que responder por sus calenturas y, para colmo, alimentar las teorías del partido que le dio de lado, por no referirnos a otra parte de su anatomía mucho más humillante llegado el caso. Pero leyendo las crónicas de la querella que le ha puesto la Policía nos hemos acordado de dos que aún siguen dando tumbos por los juzgados de Canarias, las promovidas por ese intrépido abogado que hemos dado en llamar Warren Sánchez contra policías a los que precisamente acusa de formar parte de una camarilla que ha actuado contra el PP en sus casos de corrupción locales. La misma afirmación hizo Soria cuando conoció las pesquisas que el Cuerpo Superior de Policía hizo de su persona y de sus diecisiete cuentas corrientes para ver cómo pagó sus vacaciones en Anfi del Mar, y la misma terminología ha empleado El Mundo para referirse a esta cuestión tan canaria. Dicen en los mentideros judiciales que la Abogacía del Estado los está esperando a todos en la bajadita, que una cosa es denunciar un delito y otra hacer el papagüevo.