Continúan asentándose en sus nuevos destinos los cargos públicos designados tras las pasadas elecciones de mayo. Y tras ellos, toman posesión de sus despachos sus correspondientes asesores y asesoras. Unos repiten, pero la mayoría son nuevos en la plaza, lo que significa que han de cometer todavía los lógicos y muy permisivos pecados de bisoñez. Luego están los otros, los que llegan como nuevos pero vienen resabiados, dando avisos a navegantes y olvidando que dentro de cuatro años tendrán que pedir de nuevo agua por señas. Por no decir que antes, pero bueno. A algunos jefes de prensa y jefes de gabinete ya les tenemos cogida la matrícula, no es por nada, sino para esperarlos para que nos expliquen por qué se retrasan tantísimo las peticiones de información que les hemos reclamado en aplicación del derecho que nos asiste y la obligación que les compromete. Nos pasa, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad, donde empezamos a sospechar que una oscura mano negra trata de tapar unas irregularidades muy graves que no nos ayudan a aclarar. Nos pasa en la ITV, también conocida como Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda; nos pasa en Industria, donde parece que a los portavoces se los ha tragado una cuadrícula; nos pasa con la directora del Servicio Canario de Empleo, que no se nos pone, y nos pasa, claro, con José Miguel Suárez Gil, que ni se nos pone ni nos quiere contar sus cuitas.