Baja el suflé del Soriagate II, pero se complican las cosas para la credibilidad de algunos sistemas informáticos contratados por el Gobierno de Canarias de aquella manera tan chiripitifláutica que tiene. Y no sólo en la Administración de Justicia, donde han sido muy sonados algunos coladeros de los que nadie ha sido capaz de dar una explicación razonable y creíble, sino en algunos otros procedimientos que han tenido al Cibercentro como protagonista. El descubrimiento de que los ordenadores de los jueces y fiscales pueden ser susceptibles de ataques, invasiones, piruetas o atracos (táchase lo que proceda al gusto del consumidor) ha hecho aflorar una simpática a la par que preocupante avalancha de disparates. Por ejemplo, la puesta en marcha del nuevo sistema de adjudicación de contraseñas a los operadores de los ordenadores de Justicia se puso en marcha el pasado día 15 alegando que era la aplicación de una vieja instrucción del 8 de marzo. Hemos leído ambas y tenemos la impresión de que hay alguna suculenta novedad, como que ya no se admite el cambio de contraseñas por teléfono, sino solo mediante notificación directa a la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia y al director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para que den su autorización. Primera trola despejada. Ni es la misma instrucción ni contiene los mismos requisitos.