El anterior equipo de gobierno en el Cabildo, que presidía José Miguel Pérez, encargó y pagó ese concurso de ideas que ganaron Elsa Guerra y Joaquín Casariego. El resultado era un Estadio Insular pensado fundamentalmente para el uso público ciudadano, con una potente vertiente deportiva y cultural, con un parking que resolviera en parte los problemas en esta materia que tiene el barrio de Alcaravaneras, con el que linda el recinto deportivo, cuya frontera Sur es Ciudad Jardín. El alto coste de la operación, más de 25 millones de euros, obligó al Cabildo a pedir a los arquitectos una adaptación para permitir un uso comercial destacable, lo que condujo a dar viabilidad a una gran superficie alimentaria en la parte del recinto que da a Pío XII, cuya fachada se respetaría dado su valor arquitectónico. La viabilidad económica venía dada por el interés mostrado por Mercadona en establecerse en una zona necesitada de este tipo de establecimientos. Pero, como suele ocurrir en los casos en que la operación la promueve un gobierno socialista, un funcionario municipal puso reparos por estimar que la zona estaba saturada comercialmente y que, por la vía del planeamiento, solo se permitían pequeños comercios. ¿Pequeños comercios? Sí, más pequeños comercios, de esos que están cerrando a tutiplén. Estamos hablando del mismo Ayuntamiento que no puso reparo de ningún tipo, por ejemplo, a esa vergüenza de las torres del Canódromo, promovidas por el PP, por supuesto.