Zerolo, Rodríguez, González, Castellano...

¿Fue ventajosa para Santa Cruz de Tenerife la operación de Las Teresitas? ¿Con ella se benefició a unos empresarios muy concretos en lo que la fiscal anticorrupción ha llamado “un pelotazo de libro”? ¿Existe una sentencia del Supremo ordenando dar marcha atrás a aquella operación claramente perjudicial para el interés general? Las respuestas están claras y los responsables tienen nombres y apellidos. Falta el juicio y la correspondiente condena, pero los hechos están absolutamente probados a falta de que los que puedan haberse descubierto agraven las imputaciones. Ante un caso así, ¿puede seguir en política Miguel Zerolo? Su partido cree que sí y además pretende elevar su grado de aforamiento mandándolo al Senado como senador por la Comunidad Autónoma. De llegar a la Cámara Alta y tras el correspondiente suplicatorio, pasará a ser investigado y juzgado por el Tribunal Supremo. Los demás imputados, que no están aforados, sufrirán las consecuencias al perder una instancia para sus recursos y al tener que costearse viajes a Madrid propios y de sus abogados. Jorge Rodríguez, del PP, que pasaría de nuevo a la condición de aforado si entra en el Parlamento, producirá el mismo efecto en la operación Faycán, donde ha quedado probado (y reconocido por él mismo ante el juez) que introdujo a una empresa vinculada a actividades del PP en los ayuntamientos canarios gobernados por su partido. ¿Debe regresar a la política un personaje así que, además, ya tuvo que dimitir como concejal de Las Palmas de Gran Canaria tras confesar que había beneficiado arbitrariamente a la empresa de una amiga? El PP cree que sí.