El 30% de las masas de agua subterránea en España presenta mal estado químico, lo que afecta a las demarcaciones hidrográficas del Guadiana, Segura, Guadalete y Barbate, Gran Canaria, Tinto, Odiel y Piedras, y a un tercio de las cuencas del Guadalquivir, Júcar, Duero y Ebro, según el informe SOS Acuíferos presentado por Greenpeace.
El informe, basado en los documentos de los planes de tercer ciclo de planificación (2022-2027) de las confederaciones hidrográficas del país, también recoge que el 44% de las masas de agua subterránea se encuentra en mal estado, y de ellas, el 27% están en mal estado cuantitativo, lo que supone que “se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural”, ha explicado la cofundadora y directora de proyectos de Datadista y colaboradora del estudio, Ana Tudela.
Entre las principales cuencas analizadas pormenorizadamente, el mal estado general de sus acuíferos es variable pero, en todas, preocupante: Guadiana (85%), Guadalquivir (52%), Segura (69%), Júcar (47%), Ebro (37%) y Duero (29,%).
Según Tudela, “la apuesta económica de cada región tiene que ver con cómo están sus aguas”, como la apuesta del regadío del olivar en Andalucía, que ha ocasionado una tasa del 28% por contaminación química y un 37% por sobreexplotación de la cuenca del Guadalquivir.
Asimismo, la puesta por los viñedos en regadío en la zona del Alto Guadiana, que ha llevado a una contaminación del 80%, o la ganadería intensiva en Aragón y de Cataluña, que ha llevado a un alto nivel de contaminación en sus aguas, en especial las de la cuenca del Ebro, muy afectadas en la última década.
Tudela ha hecho hincapié en que el informe “expone los impactos que ponen en riesgo el agua subterránea, como la agricultura o la ganadería intensiva, las extracciones, los pesticidas o la intrusión y contaminación salina, que afecta al 13%”.
También ha denunciado que el 22% de las masas agrícolas “carecen de un medidor piezómetro para medir la cantidad de agua” y ha expuesto la manipulación y fraude de otros dispositivos como los caudalímetros.
La analista ha insistido en que “el problema de la contaminación de las aguas subterráneas también afecta a las aguas superficiales, ya que su recuperación puede llevar décadas o ser incluso irrecuperables”.
Causas y consecuencias
El doctor en geología y especialista en hidrología de Greenpeace, Julio Barea, ha señalado a las confederaciones hidrográficas, a las comunidades autónomas y sus consejerías de medio ambiente y agricultura y la oligarquía del campo (agroindustria, macrogranjas o fondos de inversión), como los “principales responsables” del problema.
Otros de los detonantes son, en su opinión, los sindicatos de regantes y las grandes empresas constructoras y distribuidoras, “beneficiadas” de las actuales políticas de “desgobierno”.
Ha señalado que una consecuencia directa de esta “mala gestión” del agua se verterá directamente sobre el 30% de la población que actualmente se abastece con aguas subterráneas, y ha identificado “la agricultura y ganadería intensiva industrial y el regadío como los principales consumidores de esos recursos hídricos en más de un 80%”.
Según Barea, actualmente hay 4 millones de hectáreas (ha) de regadío y más de millón de pozos ilegales, lo que hace necesario “un cambio en la gestión hidráulica hacia una transición hídrica justa, una reducción de los regadíos intensivos industriales, unas políticas agrícolas orientadas hacia una sostenibilidad en consonancia con los planes europeos y una agricultura más ecológica adaptada al clima árido de España”.
Ha insistido en una “reducción de la cabaña ganadera en un 50% para 2030” y en un aumento del presupuesto destinado a gestión forestal.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha concluido que “o las confederaciones hidrográficas, la agroindustria y los gobiernos del color que sea empiezan a tomarse el problema en serio, o el país tendrá serios problemas para el abastecimiento de campos, animales y personas”.